Gracias a un habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia dictaminó que las personas condenadas que se encuentran detenidas en comisarías y alcaidías sean trasladadas de inmediato a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esta medida, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, bajo la conducción del juez Norberto Circo, responde a la urgente necesidad de asegurar que las condiciones de detención cumplan con los estándares mínimos de dignidad y seguridad establecidos por la normativa nacional e internacional.
La resolución se fundamenta en el análisis de un habeas corpus correctivo y colectivo interpuesto por la Defensoría, que denunció que la permanencia de personas condenadas en espacios transitorios vulnera sus derechos fundamentales. Según el informe presentado, al 18 de febrero se encontraban alojadas en comisarías y alcaidías de la Ciudad un total de 2.455 personas, de las cuales 411 tenían dictada una condena y 181 contaban con sentencia firme, incluyendo dos casos de condenas a perpetua. En tanto, la Defensoría argumentó que estos dispositivos de alojamiento, originalmente concebidos para detenciones breves de 48 a 72 horas, carecen de las condiciones mínimas requeridas para alojar a individuos condenados, lo que genera hacinamiento, deficiencias sanitarias y riesgos para la integridad física y psicológica de los internos.
Además, la carencia de infraestructura adecuada y de personal capacitado para funciones penitenciarias agrava la situación, ya que los agentes encargados en estas dependencias no están preparados para realizar tareas propias del ámbito carcelario. En este sentido, la inadecuada formación del personal y la insuficiencia de recursos han incrementado el riesgo de incidentes, entre ellos múltiples fugas. Durante el año 2024 se registraron al menos ocho incidentes que derivaron en la fuga de 51 detenidos, mientras que en 2025 se han reportado tres hechos con 13 personas que lograron escapar, evidenciando la vulnerabilidad de estos espacios.
La Defensoría subrayó que la situación de sobrepoblación y las condiciones degradantes en comisarías y alcaidías violan de manera flagrante el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 15 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se invocaron disposiciones de la Ley 23.098 y de la Ley de Ejecución Penal N° 24.660, que exigen que la ejecución de la pena se lleve a cabo en condiciones que permitan la rehabilitación y resocialización del condenado, garantizando su derecho a un trato digno y evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En tanto, se destacó que el Servicio Penitenciario Federal no ha establecido un plan adecuado de traslados ni ha propuesto soluciones que permitan aliviar la sobrepoblación en estos centros transitorios. Por ello, la Justicia hizo lugar al habeas corpus y ordenó el traslado inmediato de las personas condenadas que se encuentran en dichos dispositivos, de modo que sean reubicadas en establecimientos penitenciarios adecuados bajo la órbita del SPF. De tal modo, se busca no solo mejorar las condiciones de detención, sino también prevenir nuevos episodios de vulneración de derechos y garantizar un entorno seguro para los internos y para el personal a cargo de su custodia.
Cabe resaltar que esta decisión judicial se enmarca en un contexto de reiteradas denuncias por parte de la Defensoría, que ha evidenciado el deterioro de las condiciones en las comisarías y alcaidías. La documentación presentada, que incluye informes de monitoreo, recomendaciones del Comité contra la Prevención de la Tortura y estadísticas del último trimestre de 2024, respalda la urgencia de la medida. Asimismo, la acción se fundamenta en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el caso “Verbitsky”, en el que se estableció que «el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional, (…) el ser humano no pierde su dignidad por estar privado de su libertad; es que con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos ellos, sin distinción alguna, siguen gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en los documentos de protección nacional e internacional de los derechos humanos». Este precedente resalta la importancia de aplicar medidas que aseguren el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos.
Por otro lado, en la audiencia celebrada el 20 de febrero de 2025, diversas autoridades de organismos locales y nacionales coincidieron en que la sobrepoblación en comisarías y alcaidías representa un riesgo inminente tanto para la seguridad pública como para la integridad de los detenidos. El director del Área de Mecanismo contra la Tortura de la Defensoría expuso que la prolongada permanencia de condenados en estos espacios genera situaciones de violencia, conflictos y restricciones en el acceso a la asistencia jurídica, lo que atenta contra el principio de reinserción social. En este sentido, se evidenció que la problemática afecta de manera generalizada a las personas privadas de libertad en la Ciudad, lo que justifica el tratamiento colectivo de la acción.
En consecuencia, el fallo resuelve hacer lugar al habeas corpus presentado, ordenando el traslado inmediato de las personas condenadas a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, conforme a la Ley de Ejecución Penal N° 24.660. Además, se determinó que la acción se tramitará de forma conjunta con la causa 11.260/2020, en la que se aborda la misma problemática de sobrepoblación y condiciones inadecuadas en los dispositivos de detención de la Ciudad. La resolución enfatiza que, para garantizar la seguridad y la dignidad de los internos, resulta imprescindible que estos sean alojados en instalaciones diseñadas para cumplir con las exigencias legales y humanitarias.
