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Procesan y embargan por un millón de pesos a un pasajero que mencionó la palabra “bomba” en Aeroparque

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por supuesta “intimidación pública” contra un hombre que, enojado por la cancelación de su vuelo, dijo una frase amenazante ante el check in de una aerolínea.

Un pasajero ofuscado por la reiterada cancelación de su vuelo en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó procesado por el delito de supuesta “intimidación pública” y embargado en una suma de un millón de pesos. La persona, cuyo nombre no trascendió, profirió la palabra “bomba” frente al mostrador de check in de una aerolínea, lo que activó de inmediato un importante protocolo de seguridad. La decisión de procesarlo fue recientemente confirmada por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que además dispuso profundizar la pesquisa para determinar con mayor exactitud en qué términos y contexto se refirió a un artefacto explosivo.

El incidente tuvo lugar una tarde de mayo pasado en la terminal aérea de la capital nacional. Todo comenzó cuando un agente de tráfico de la empresa aérea se presentó ante la guardia de prevención del “Aeroparque Jorge Newbery” y refirió que, mientras efectuaba el check in de un vuelo con destino a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un pasajero le dijo: “Voy a poner una bomba para poder tomar el avión”.

De inmediato, las autoridades aeroportuarias actuaron. Se fijó un perímetro de seguridad en el lugar, se identificó al pasajero y se despejó la zona de manera preventiva. Además, se convocó al Agrupamiento Especial GEDEX y a los bomberos, dando aviso a la jefatura del aeropuerto, tal como lo exige el protocolo en estos casos.

En este sentido, la investigación judicial reveló que existían distintas versiones sobre la frase exacta proferida por el hombre. Testigos presenciales hicieron mención a frases distintas como “voy a poner una bomba para poder tomar el avión” o “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan”. Además, la declaración de una empleada de la aerolínea indicó que el pasajero estaba angustiado porque su vuelo se había suspendido en varias ocasiones, lo que podría haber motivado su reacción.

Dos empleadas de la empresa aérea declararon como testigos ante la Justicia. Una de ellas dijo que escuchó la frase: “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan…”. Luego, señaló que le pidieron al pasajero que no utilizara esa palabra en un aeropuerto, y que él, según la testigo, volvió a insistir y a preguntar por qué no podía hacerlo. Después, ante la policía, el hombre argumentó que todo fue un simple malentendido.

A su vez, otra testigo manifestó no recordar exactamente la frase, pero indicó que fue “algo así como ‘hace falta que ponga una bomba para que me den bola, atención”. Esta segunda testigo adjudicó la actitud del hombre a que tenía “angustia y enojo” porque se había suspendido su vuelo en varias oportunidades.

Por su parte, la defensa del pasajero había solicitado el sobreseimiento de su defendido. El argumento central fue que no existió en ningún momento la intención de generar alarma pública y que la frase carecía de la idoneidad necesaria para provocar un daño real. El abogado enfatizó que el pasajero no tuvo intención de asustar a nadie con sus dichos.

Sin embargo, la sala II del Tribunal de Apelaciones rechazó esos argumentos defensistas. Los camaristas concluyeron que lo ocurrido excedió cualquier “malentendido” y que la actitud del pasajero “tuvo aptitud para afectar la tranquilidad pública”. Este peligro quedó evidenciado, según la resolución judicial, en la inmediata reacción del personal de seguridad y en la evacuación parcial del sector de la terminal aérea. También se consignó que, tras el incidente, las pertenencias del pasajero fueron revisadas.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun destacaron en su fallo que el pasajero no podía desconocer de ninguna manera las consecuencias graves de sus palabras, debido a que “estaba en una terminal aérea altamente concurrida”.

Además, el tribunal remarcó que el delito de intimidación pública es un delito formal, que “se consuma al proferir la amenaza”. Esto significa que no es necesario que la gente efectivamente se atemorice o que se genere un tumulto de personas. Basta, según el Código Penal, con que la acción sea apta para crear ese peligro, algo que, de acuerdo con la resolución, se verificó plenamente en el Aeroparque.

Por todo lo expuesto, los camaristas concluyeron que “se encuentra suficientemente acreditada la responsabilidad” del pasajero. Los elementos reunidos hasta ahora son suficientes para mantener de manera provisoria el procesamiento, mientras continúa la investigación para sumar más datos al expediente.

El Tribunal también consideró que la pesquisa judicial “no está completa”. Por ello, pidió profundizar “las versiones de los testigos y procurar obtener otras de personas que presenciaron los eventos”. También solicitaron realizar los exámenes médicos correspondientes al acusado, con el objetivo de “obtener más datos sobre los pormenores de los hechos y sus eventuales motivaciones”, concluyeron los jueces.

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