En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, organismos porteños coordinaron acciones para erradicar la explotación laboral infantil y garantizar derechos básicos como la educación, el juego y el desarrollo pleno.
Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha clave para visibilizar una de las formas más graves de vulneración de derechos que afecta a niñas, niños y adolescentes: su incorporación forzada al trabajo. En este contexto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires profundizó su compromiso institucional para erradicar esta problemática, articulando acciones entre diferentes organismos públicos y sectores del ámbito laboral y social.
En Argentina, múltiples actores trabajan de manera coordinada para combatir esta forma de explotación. La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), junto con el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Trabajo y Empleo, y los ministerios de Justicia, Salud, Desarrollo Humano y Hábitat, lideran un entramado de políticas públicas destinadas a prevenir, detectar y erradicar el trabajo infantil. Además, cuentan con el acompañamiento de organizaciones sindicales como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, y la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares.
En este sentido, las intervenciones se enfocan en proteger los derechos fundamentales de las infancias, vulnerados cuando se los obliga a trabajar. Estos derechos incluyen el acceso a la educación, el juego, el descanso, el desarrollo físico y emocional, y la posibilidad de disfrutar de una niñez libre de explotación. “Este 12 de junio es una oportunidad para reflexionar, visibilizar y comprometernos, como sociedad, con la construcción de un presente donde ningún niño, niña o adolescente sea privado de sus derechos por tener que trabajar”, destacaron desde COPRETI.
Asimismo, se promovieron diversas campañas de concientización, capacitaciones y acciones territoriales, con el fin de consolidar una red de intervención eficiente y sensible a la detección temprana de situaciones de trabajo infantil. De tal modo, se busca construir respuestas integrales y sostenidas en el tiempo, que incluyan no solo la sanción de prácticas ilegales, sino también el acompañamiento familiar, la restitución de derechos y el acceso a servicios básicos de salud, educación y alimentación.
A su vez, el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desempeña un rol central en la supervisión y protección de estos sectores vulnerables. Desde ese organismo se articulan dispositivos de seguimiento y acompañamiento para casos detectados, priorizando una intervención respetuosa de las trayectorias vitales de cada niño o niña.
En tanto, el trabajo conjunto entre sindicatos y organismos estatales permite incorporar la problemática en distintos ámbitos laborales, especialmente en sectores donde históricamente se ha registrado una mayor presencia de menores desempeñando tareas: la construcción, el trabajo rural y el empleo doméstico. La participación activa de los gremios resulta clave para desnaturalizar estas prácticas y garantizar que las condiciones laborales sean compatibles con los derechos de las infancias.
En la misma línea, las acciones desarrolladas también apelan a la sensibilización de la sociedad en su conjunto. La naturalización del trabajo infantil en algunos contextos sociales y económicos dificulta su erradicación. Por ello, generar conciencia es parte fundamental de la estrategia general, que no solo busca prevenir nuevos casos, sino también revertir estructuras culturales que justifican o minimizan su gravedad.
