La Legislatura porteña está lista para tratar, en la próxima sesión, un proyecto que busca garantizar asistencia vitalicia a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. Ayer, en una reunión conjunta entre las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto, se dio despacho mayoritario al proyecto, que será debatido en la última sesión ordinaria del año, prevista para el jueves próximo.
Este proyecto propone una modificación a la Ley N°4786, que hasta el momento solo contemplaba asistencia económica actualizada anualmente. El nuevo texto establece que esta ayuda será de carácter vitalicio, no hereditaria, y compatible con otros programas sociales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Además, prevé que la ayuda económica sea equivalente al 50% de la remuneración mensual de un empleado público de la Ciudad en el tramo inicial del grado tres, con actualizaciones anuales según las paritarias del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Un aspecto clave de la ley es la inclusión de quienes hayan perdido a más de un familiar de primer grado, quienes recibirán la asistencia por cada uno de los fallecidos. También se contempla el acceso gratuito a medicación y atención en salud mental para víctimas, sobrevivientes y familiares, a través de los centros de salud públicos de la Ciudad.
El proyecto también establece una cláusula transitoria, que otorga un plazo de dos años, desde la promulgación de la ley, para que se incorporen al padrón de beneficiarios aquellos familiares y sobrevivientes que puedan acreditarse como tales mediante un certificado judicial. Esta inclusión será posible siempre y cuando hayan sido reconocidos como damnificados en procesos judiciales relacionados con la tragedia.
Uno de los puntos más debatidos es la reapertura del padrón de beneficiarios, que será posible durante los dos años siguientes a la promulgación de la ley. Aunque algunos legisladores consideran que el plazo es razonable, otros cuestionan la necesidad de extender la inclusión a personas que no han sido reconocidas como víctimas por el Ministerio de Salud. Sebastián Nagata (Confianza Pública) destacó la importancia de escuchar a los principales damnificados antes de la sesión, y consideró que el dictamen representa un «avance muy importante».
En cambio, otros legisladores como Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria) se mostraron disconformes con la propuesta, insistiendo en la necesidad de incluir a quienes ya figuran en el programa de salud para damnificados. «El Estado debió haberse hecho cargo mucho antes», manifestó Cele Fierro (MST/Frente de Izquierda/Unidad), quien también rechazó el dictamen al considerar que no se contemplan todos los aspectos exigidos por los sobrevivientes y familiares.
Martín Genauer, presidente de la Coordinadora Cromañón y sobreviviente de la tragedia, expresó una mezcla de cansancio e impaciencia ante la prolongada lucha por la justicia. «Hemos logrado avances importantes, como el carácter vitalicio de la asistencia y la ampliación de la cobertura de salud, pero la reapertura del padrón sigue siendo un tema sensible», señaló. Genauer destacó la importancia de reconocer a todas las víctimas, incluidos aquellos que han recibido atención psicológica o médica, pero que no forman parte de los procesos judiciales.
Nicolás Pappolla, también sobreviviente y miembro de El camino es Cultural, resaltó que la medida todavía deja afuera a muchos damnificados que integran el programa de salud para víctimas. «Merecemos ser reconocidos, no solo como sobrevivientes, sino como personas que llevan casi 20 años esperando un reconocimiento que les fue negado por el Gobierno de la Ciudad», expresó.
Pappolla recordó las circunstancias trágicas de la Masacre de Cromañón, donde 194 jóvenes perdieron la vida y muchos más sufrieron secuelas físicas y psicológicas. «No podemos seguir mirando hacia otro lado. Necesitamos que, finalmente, se reconozca a todas las víctimas y se les brinden los derechos que merecen», concluyó.
El debate sobre el futuro de la ley continuará el próximo jueves, cuando se espera que los legisladores lleguen a un acuerdo que contemple de manera integral las demandas de las víctimas y sus familias.
