El Jefe de Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional y aumentar las penas a quienes ofrezcan servicios de estacionamiento sin autorización.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra los denominados trapitos y cuidacoches. La iniciativa prevé penas de hasta 30 días de arresto y multas económicas más elevadas para quienes realicen esta actividad sin autorización en la vía pública.
En este sentido, el proyecto establece que quienes presten servicios de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios sin la debida autorización serán sancionados con penas que van desde los 5 hasta los 30 días de arresto, la realización de trabajos de utilidad pública por un período de entre 10 y 45 días, o multas que oscilan entre 800 y 4.000 unidades fijas. Además, se suman medidas como la prohibición de concurrencia y la interdicción de cercanía en los lugares donde se haya cometido la contravención.
“Vamos a terminar con la mafia de los trapitos. Se creen dueños de la calle: extorsionan, aprietan y roban. No va más, acá se les acabó el negocio”, expresó Jorge Macri al referirse a la iniciativa, subrayando la determinación del Gobierno porteño para erradicar estas prácticas del espacio público.
Por su parte, la propuesta contempla sanciones más severas en casos específicos. Cuando las infracciones ocurran en inmediaciones de grandes parques o dentro de un radio de hasta 30 cuadras de un evento masivo, como espectáculos deportivos o artísticos, las penas aumentarán a un rango de 10 a 45 días de arresto. En tanto, si se determina la participación de organizadores o promotores de la actividad, la pena máxima se elevará a 60 días de detención.
Asimismo, si se prueba la implicancia de personas vinculadas a clubes, instituciones u organizadores de eventos en la actividad de los trapitos, estas entidades podrán ser sancionadas con multas de entre 5.000 y 20.000 unidades fijas, además de la clausura de sus instalaciones por un período de entre 15 y 60 días.
El proyecto busca reforzar la protección del espacio público mediante la modificación de los artículos 91 y 92 del Capítulo II del Código Contravencional, donde se regulan las conductas vinculadas al uso indebido de la vía pública. En esta línea, se incorporan nuevas sanciones de “prohibición de concurrencia” e “interdicción de cercanía” para restringir el accionar de los infractores en determinadas zonas de la Ciudad.
A su vez, el Gobierno porteño sostiene que el endurecimiento de las penas responde a la necesidad de garantizar mayor seguridad y orden en el espacio público, especialmente en eventos de gran convocatoria donde la presencia de trapitos ha sido motivo de reiteradas denuncias por parte de los vecinos. La administración de Jorge Macri subraya que el objetivo es erradicar prácticas coercitivas que afectan el libre tránsito y el derecho de los ciudadanos a utilizar los espacios de manera segura.
Con esta iniciativa, la Legislatura porteña deberá debatir en los próximos días la viabilidad de las nuevas medidas, en un contexto donde la gestión actual busca reforzar el cumplimiento de las normativas contravencionales y consolidar la presencia del Estado en la regulación del uso del espacio público.
