El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó medidas drásticas contra los padres de alumnos que participaron en ocupaciones de colegios. La denuncia penal busca compensar los costos derivados de las protestas y enfrentar los daños causados. Mientras tanto, también se han registrado robos en instituciones educativas, lo que intensifica la preocupación sobre la seguridad en los establecimientos escolares.
En un contexto de creciente conflictividad en el ámbito educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad decidió actuar con severidad frente a las ocupaciones de colegios. La controversia comenzó el viernes pasado en el colegio Mariano Acosta, situado en Balvanera, Comuna 3. Desde entonces, el conflicto se extendió a otros establecimientos educativos de la ciudad. En respuesta a la situación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó una denuncia penal contra los padres que permiten a sus hijos menores de edad participar en estas ocupaciones.
Las autoridades, a través de la Procuración, exigirán una indemnización de $1.500.000 por cada día que dure la ocupación. Además, se busca trasladar a los progenitores los costos asociados al pago de los sueldos del personal docente y no docente durante los días de conflicto. Esta medida busca abordar no solo los perjuicios económicos, sino también la gestión de los daños causados tanto a los estudiantes como a los bienes de las instituciones.
La Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, manifestó: “Hoy los estudiantes están reclamando que arreglemos los baños que ellos mismos destruyen. En un año de presencialidad los baños están destrozados nuevamente. Por eso estamos diciendo que hay que empezar a poner límites y decir basta, no da todo lo mismo. Las acciones tienen consecuencias, como adultos-como madres y padres-, tenemos que empezar a marcar que la convivencia supone llegar hasta un punto donde empiezan los derechos del otro. Los impuestos de los porteños son los que financian las escuelas, los que hacen estos baños una y otra vez, y que los propios chicos destruyen como en el caso del Mariano Acosta”.
En paralelo, el clima de tensión se ha visto agravado por otros incidentes relacionados con la seguridad en las instituciones educativas. En una serie de robos perpetrados la semana pasada, delincuentes sustrajeron alrededor de doscientas computadoras, tablets y otros equipos electrónicos, incluyendo micrófonos, cables y parlantes. Estos robos ocurrieron principalmente durante las madrugadas del jueves y del viernes en el edificio que alberga al Normal Nº1 y al Liceo Nº4, ubicado sobre la Avenida Córdoba al 1900, entre Riobamba y Ayacucho.
Una vez realizada la denuncia correspondiente, la Comisaría Vecinal 2B, bajo la coordinación del Subcomisario Fernando Carrizo y el Comisario Matías Pearse, tomó cartas en el asunto. Las autoridades de los mencionados establecimientos educativos han solicitado una mejora en las medidas de seguridad. En este sentido, han pedido la instalación de vigilancia las 24 horas y la implementación de sistemas de cámaras para proteger los equipos y garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Según las autoridades escolares: “Nosotros lo que estamos pidiendo es mayor seguridad, una vigilancia de 24 horas en el edificio. Nosotros queremos que haya más espacios seguros con cámaras para proteger los equipos. Queremos trabajar, enseñar, dar clases con la mayor tranquilidad para todos nosotros y para todo el colectivo de las familias del Normal 1, el Liceo y el Comercial, con los que compartimos el edificio”.
