La inyección de fondos de la capital nacional incluye un apoyo económico extraordinario a más de 200 instituciones, refuerzos a servicios clave de rehabilitación e inclusión escolar, y por primera vez, subsidios directos a escuelas especiales de gestión privada.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó una inversión histórica que supera los 4.800 millones de pesos destinada a sostener la continuidad de tratamientos, apoyos y cuidados esenciales para miles de personas con discapacidad. Este desembolso extraordinario se concreta a través de la ampliación del Programa de Apoyo económico a Instituciones e incorpora, por primera vez, una asistencia financiera directa a las escuelas especiales de gestión privada, con el objetivo de asegurar la continuidad terapéutica, educativa y de cuidados que reciben los usuarios del sistema.
Este esfuerzo económico se da a conocer en el marco de la Semana de la Discapacidad y busca fortalecer el sistema de apoyos en la CABA, reconociendo el rol irremplazable de las instituciones intermedias. La inversión total de $4.800 millones se compone de un acumulado de tres etapas de apoyo económico, consolidando una política de acompañamiento financiero excepcional y progresivo.
Desde la Vicejefatura de Gobierno se implementó el Programa de Apoyo para acompañar de manera transitoria y excepcional a las instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores. Este programa abarca un amplio espectro de servicios, incluyendo Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Residencias, Servicios de Rehabilitación y el Servicio de Apoyo a la Inclusión Escolar (SAIE).
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la centralidad de estos espacios para la comunidad. En un encuentro con representantes de estas entidades realizado en el Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, el mandatario señaló: “Estas instituciones son el corazón del sistema de apoyos de la Ciudad. No son un complemento: para miles de familias son la única forma de acceder a terapias, educación especial y rehabilitación”. El refuerzo de fondos busca, precisamente, garantizar que miles de familias puedan seguir accediendo a estos apoyos sin interrupciones.
La inversión se desglosó para asistir específicamente a dos servicios considerados esenciales. Por los Servicios de Rehabilitación, que cumplen una función central al ser tratamientos prolongados, interdisciplinarios y continuos necesarios para el desarrollo y la autonomía, cada institución recibirá por única vez $10 millones. A su vez, por los servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar (SAIE), fundamentales para garantizar trayectorias educativas inclusivas, permanencia escolar y los apoyos requeridos por estudiantes con discapacidad en escuelas de nivel y especiales, se destinarán $3 millones por institución. La inversión total destinada a esta etapa de apoyo, ejecutada en noviembre, es de $470 millones.
Actualmente, en la CABA funcionan más de 200 instituciones de estas características, que brindan acompañamiento a más de 27 mil personas, contando con equipos técnicos especializados y estructuras de trabajo de alta complejidad. Con el refuerzo económico de este último año, el gobierno de Buenos Aires acompañó a 210 instituciones con una inversión cercana a los $1.900 millones en etapas previas, garantizando la continuidad de tratamientos, apoyos escolares, planes terapéuticos y espacios de cuidado para miles de familias.
A esta inversión se suma la novedad de la asistencia directa a la educación especial de gestión privada. Mediante una ley sancionada la semana pasada en la Legislatura porteña, se suma un beneficio económico para instituciones de educación especial privadas que se encuentran inscriptas ante el Ministerio de Educación de la Ciudad. El beneficio consiste en un aporte de $35 millones por única vez, que se implementará a través del Ministerio correspondiente.
En una visión de consolidar esta política de apoyo de forma sostenida y progresiva, se anunció que, en el año 2026, la Ciudad duplicará este beneficio. En lugar de un pago único, las instituciones recibirán dos pagos de similar cuantía, lo que busca brindar una mayor previsibilidad y respaldo económico a largo plazo.
El paquete total de inversión destinado al fortalecimiento del sistema de apoyos, que alcanza los $4.800 millones, se compone de la siguiente manera, demostrando la amplitud de la ayuda.
– $1.893 millones que corresponden a las dos primeras etapas del Programa de Apoyo implementadas durante los meses de junio y octubre.
– $470 millones destinados específicamente en noviembre a Servicios de Rehabilitación y SAIE.
– $1.295 millones adicionales que se ejecutarán durante el mes de diciembre para acompañar a las escuelas especiales de gestión privada de la Ciudad y una cifra similar que se distribuirá en dos pagos a lo largo del año 2026.
El encuentro del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, con representantes de las instituciones permitió repasar el avance de este plan de apoyo. La vicejefa de Gobierno destacó el enfoque integral de las políticas: “sabemos que siete de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo formal y que detrás de cada institución hay familias que dependen de estos apoyos para estudiar, trabajar, rehabilitarse y proyectar autonomía. Por eso seguimos avanzando con políticas que acompañen todo el recorrido de vida: desde la primera infancia, la escolaridad, la formación laboral, hasta la vida adulta y la inclusión plena en la comunidad”.
A su vez, la Ciudad continúa avanzando con otras políticas clave que integran el Plan Integral de Discapacidad, complementando el apoyo financiero a las instituciones. Un ejemplo de ello es el Programa de Becas para la transición a la vida laboral adulta, que durante el último año acompañó a 668 personas con discapacidad, facilitando su acceso a estudios superiores y a diversas instancias de formación laboral. En paralelo, continúa en marcha el Programa de Apoyo para la Vida Independiente, fortaleciendo la autonomía personal de los beneficiarios.
El Estado porteño también desplegó un paquete de alivio fiscal para facilitar la operatividad de las instituciones y mejorar la economía de las personas con discapacidad. Un total de 82 instituciones prestadoras de la Ley 24.901 accedieron a la exención del pago de Ingresos Brutos y a la condonación de deudas acumuladas, brindando un respiro financiero crucial.
Otros beneficios fiscales incluyen la ampliación de la exención del 100% del impuesto de ABL para personas con CUD vigente, siempre que sean titulares del inmueble o convivientes con familiares directos, y que la valuación fiscal no supere los $40 millones. Se suma la eximición del pago del impuesto de patentes a los vehículos destinados exclusivamente al uso de personas con discapacidad, y la bonificación del 50% en Ingresos Brutos para personas con discapacidad registradas como monotributistas y para los empleadores que las contraten. También se otorgaron exenciones tributarias específicas a instituciones que brindan atención a personas con discapacidad y beneficios fiscales a comercios que emplean al menos un 50% de personas con discapacidad.
En el ámbito de la inserción laboral, la CABA inauguró el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, una oficina 100% accesible dedicada a la formación, el emprendedurismo y la inserción laboral. Desde su apertura, el centro ya atendió a más de 650 personas y articula oportunidades con el sector público y privado. Funciona en Bartolomé Mitre 701, de lunes a viernes, de 9:30 a 16:00. Este espacio integra, en un mismo lugar, orientación laboral y vocacional, capacitaciones técnicas y de habilidades blandas, difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades. Este programa, por su parte, vinculó a más de 390 empresas y abrió más de 320 vacantes laborales accesibles durante el último año.
Finalmente, otras acciones que cierran el Plan Integral de Discapacidad incluyen el fortalecimiento del Programa de Acompañamiento a Familias, que ya brindó orientación a más de 1.200 hogares y amplió su alcance operativo. A su vez, se implementó la capacitación obligatoria en el marco de la Ley 6.755, que ya completaron más de 11.000 trabajadores del gobierno porteño, y se publicaron herramientas de utilidad como el Manual de Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal y el Mapa Colaborativo. La expansión del acceso a intérpretes de Lengua de Señas Argentina en 23 edificios públicos también garantiza que la realización de trámites administrativos sea totalmente accesible para todos los vecinos.
