Con un nuevo decreto, se puso en marcha un proceso de modernización que incluye una terminal exclusiva para cruceros, áreas comerciales y la unificación operativa de las terminales existentes.
El Puerto de Buenos Aires atraviesa una etapa de transformación tras la decisión del Gobierno nacional de derogar el decreto que prorrogaba las concesiones vigentes y establecer un nuevo marco regulatorio. A través del Decreto 602/2025, se definió la apertura de un proceso de licitación y concesión de las cinco terminales, acompañado por modificaciones en la infraestructura que permitirán ampliar el calado para recibir buques y cruceros de mayor porte, incorporar espacios comerciales y, según lo señalado oficialmente, «mejorar la competitividad» del puerto más importante del país.
La gestión de este nuevo esquema quedó bajo la órbita de la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo que nació de la fusión entre la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante y la Administración General de Puertos. La ANPYN asumirá la responsabilidad de administrar las concesiones, concentrando la operatoria en un área unificada y con facultades ampliadas para convocar iniciativas privadas en los proyectos estratégicos.
El plan contempla la creación de una terminal dedicada exclusivamente a cruceros y un polo comercial enfocado en el turismo, lo que representará un cambio de paradigma en la relación histórica entre el puerto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este rediseño apunta a que el espacio portuario deje de funcionar de espaldas al entramado urbano y se vincule de manera más activa con el desarrollo de la vida local y la llegada de visitantes.
En cuanto a la operatoria de carga, el decreto establece que los espigones 1, 2 y 3 quedarán destinados a contenedores, mientras que los espigones 4 y 5 serán el escenario del desarrollo de los nuevos espacios turísticos y comerciales. A la vez, se dispuso la fusión de las concesiones de las terminales 1, 2 y 3 en un único contrato a cargo de Terminales Río de la Plata S.A., con el objetivo de evitar conflictos operativos. También se ratificaron los acuerdos firmados en 2023 con Terminales Río de la Plata y Terminal 4 S.A., que mantienen vigencia hasta 2027 con las adecuaciones contractuales correspondientes.
La Terminal 5, que en 2024 había quedado sin continuidad tras la decisión de la empresa concesionaria de no renovar el contrato, será incorporada en este nuevo esquema bajo un proceso de licitación a definir por la ANPYN. De este modo, el puerto se encamina hacia una reorganización que busca brindar mayor previsibilidad en la operatoria y promover un esquema de inversiones de largo plazo.
Actualmente, las terminales 1, 2 y 3 están bajo la gestión de Terminales Río de la Plata S.A., integrada por DP World (55,62 %), LAIF VI LTD (39,38 %) y Mitsui & Co. (5 %). La Terminal 4 se encuentra a cargo de Terminal 4 S.A., operada por APM Terminals Argentina (70 %) junto con Terminals BV (30 %). La Terminal 5, en tanto, estaba en manos de Buenos Aires Container Terminal Services S.A. (BACTSSA), controlada en un 95 % por Hutchison Port Investments y en un 5 % por Best Oasis Holdings Argentina.
El nuevo marco normativo también contempla la posibilidad de ampliar la capacidad del puerto con la construcción de una terminal exterior. Este proyecto, sujeto a estudios de factibilidad técnica, ambiental, social y financiera, se presenta como una apuesta a largo plazo para atraer inversiones de gran escala y consolidar a Buenos Aires como un nodo logístico regional de relevancia.
Cabe recordar que en septiembre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, el Decreto 299/2023 había extendido las concesiones de las terminales 1 a 4 hasta mayo de 2027, con opción de prórroga hasta 2030. Sin embargo, las prórrogas otorgadas en ese momento no estaban acompañadas por compromisos de inversión acordes a las necesidades actuales, lo que generó cuestionamientos sobre la competitividad del puerto frente a otros de la región.
La medida actual busca revertir esa situación, estableciendo un nuevo marco regulatorio que permita transparentar las licitaciones y asegurar compromisos de inversión vinculados al contexto económico y comercial vigente. El objetivo oficial es que el puerto deje atrás un modelo de prórrogas temporales sin planificación y se encamine hacia una modernización integral que contemple tanto la carga como el turismo.
