La jueza federal María Romilda Servini dispuso el desalojo de un inmueble cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo, donde funcionaban una bailanta, un gallinero y viviendas clandestinas. La medida fue solicitada por el Ministerio de Justicia y se llevó a cabo en el barrio porteño de Balvanera.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de Servini, ordenó el allanamiento y posterior desalojo del edificio ubicado en la intersección de Avenida Rivadavia 2749/89 y Avenida Pueyrredón 19, tras corroborarse que el inmueble, cedido en 2018 por el Ministerio de Justicia para el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos «Madres de Plaza de Mayo», estaba siendo utilizado con fines ajenos a su función original. Según la investigación, el lugar había sido convertido en un espacio de uso privado donde se organizaban fiestas, actividades políticas y se mantenía una vivienda ilegal.
La medida judicial respondió a una denuncia presentada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quienes advirtieron que el edificio estaba desviado de su propósito público. Durante una inspección llevada a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) tres meses atrás, se constató la existencia de una bailanta clandestina con barra de bebidas alcohólicas, un gallinero en el balcón y un espacio utilizado como sede política del partido MILES, liderado por Luis D’Elía.
En un documento de 11 fojas, la jueza ordenó el desalojo inmediato del grupo familiar compuesto por José Moisés Vázquez, su esposa Alicia Esther Vázquez y sus hijos Miriam Sánchez, Alain Marcovich Álvarez, Priscila Marcovich y Ornella Marcovich Álvarez. Asimismo, se estableció la restitución del inmueble al Ministerio de Justicia.
El edificio tiene un largo historial de ocupaciones irregulares y acuerdos informales. En enero de 2018, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) cedió el inmueble al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para instalar la sede del instituto universitario. Sin embargo, en ese momento ya se encontraba ocupado. Javier Alejandro Buján, rector organizador de la institución, intentó desalojar a las familias que vivían allí, pero no logró expulsar a la familia Vázquez, que permanecía en el tercer piso del edificio.
Según José Moisés Vázquez Burgueño, quien asegura vivir en el lugar desde hace más de 20 años, habría llegado a un «acuerdo de palabra» con funcionarios de la AABE para el cuidado del edificio. No obstante, documentos oficiales indican que en 2018 se firmó un acta que le permitía utilizar un pequeño espacio como vivienda, pero con el tiempo el tercer piso fue convertido en un salón de actos, una academia de baile y un boliche clandestino.
El allanamiento confirmó que en el segundo piso del inmueble operaban oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aunque sin una relación formal con el instituto universitario. También funcionaban las sedes de la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina (OHVA) y la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA).
En tanto, el tercer piso estaba totalmente ocupado por la familia Vázquez, que había instalado un gallinero en el balcón, alquilaba el espacio para eventos y organizaba fiestas con barra de tragos y música. Durante el procedimiento, la Policía halló carteles con imágenes de Cristina Fernández de Kirchner, Luis D’Elía y material de propaganda política del partido MILES.
El desalojo de este edificio no es el primer intento de recuperar el inmueble. En 2018, cuando se firmó el documento de cesión al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos «Madres de Plaza de Mayo», se llevó a cabo un primer operativo para desalojar a los ocupantes. En aquella ocasión, testigos relataron escenas insólitas, como la aparición de un hombre que, al abandonar el edificio, se colocó una boa constrictora alrededor del cuello y salió a la calle junto con varios perros y gatos.
El inmueble, que históricamente fue el Hotel Marcone, ya había sido ocupado en 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner lo cedió de manera precaria al dirigente piquetero Edgardo Depetri. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández otorgó un permiso similar a Luis D’Elía para el uso del segundo piso, donde instaló la sede de su asociación civil. Sin embargo, en 2017, la AABE revocó estas cesiones y dispuso que el edificio fuera utilizado exclusivamente por la casa de estudios.
