La fiscalía citó a los imputados, quienes deberán rendir cuentas por las irregularidades en la obra que causó la muerte de dos personas y dejó a 13 familias sin hogar. Las víctimas continúan exigiendo la reconstrucción del PH afectado, mientras la situación judicial avanza.
La causa por el devastador derrumbe ocurrido en el barrio de Caballito, que el 30 de julio pasado terminó con la vida de los hermanos Ramón y Nélida Acuña, y dejó a 13 familias sin casa, avanza en la Justicia. La fiscal Mariela De Minicis, quien lleva adelante la investigación, decidió citar a los siete imputados, entre los que se encuentran arquitectos y los propietarios de la empresa desarrolladora MAB Inversiones S.R.L., quienes deberán presentarse el próximo 20 de diciembre ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El derrumbe, ocurrido en la avenida Pedro Goyena 555, afectó gravemente a los habitantes del PH ubicado en el número 551. Aunque la empresa responsable dejó de operar tras el incidente, los titulares de MAB Inversiones, Yanina Natalia Cueto, Fernando José Cueto y Jorge Ezequiel Cueto, continúan trabajando en el sector a través de otra firma que también construye en la Ciudad desde 2022.
Según informaron fuentes judiciales a Infobae, los resultados de las pericias realizadas hasta el momento respaldan la hipótesis de la fiscalía, que acusa a los imputados de «estrago culposo», un delito que conlleva penas de hasta cinco años de prisión. Las pruebas obtenidas apuntan a que la obra estuvo marcada por irregularidades y negligencia por parte de la desarrolladora, que no habría respetado las normas de seguridad ni los protocolos establecidos para la construcción. Uno de los principales puntos en disputa es la excavación realizada durante la obra, que, según se investiga, habría superado la profundidad prevista en los planos. Si bien los planos indican una profundidad de 5,7 metros para la construcción de dos niveles de subsuelo, no está claro si se respetaron las medidas o si la excavación fue más profunda de lo permitido, lo que podría haber desatado el trágico accidente.
En este sentido, la fiscal De Minicis continuará su investigación para determinar los grados de responsabilidad de cada uno de los imputados, lo que se definirá una vez que todos ellos presenten sus declaraciones.
Por su parte, las 13 familias afectadas por el colapso siguen esperando respuestas. En paralelo al avance judicial, los damnificados exigen la reconstrucción del PH de Pedro Goyena 555, y también reclaman que el Gobierno de la Ciudad les permita acceder a sus hogares para retirar sus pertenencias. Elisa Muñoz, vecina y propietaria de la unidad 13 del complejo, expresó en diálogo con Infobae: «Puede parecer menor o simbólico, pero ninguna familia tiene su árbol de Navidad». Además, lamentó que «psicológicamente están cada vez peor» y que los vecinos «se sienten muy solos» debido a la falta de soluciones ante la tragedia.
El Gobierno porteño, por su parte, no permite el acceso a los inmuebles afectados por razones de seguridad. Aunque se construyó una pasarela que permitió el acceso en cuatro ocasiones desde el derrumbe, las condiciones climáticas recientes han generado dudas sobre la seguridad de la estructura y el suelo circundante, lo que impide una solución definitiva. Mientras tanto, las familias temen que la inacción y el tiempo prolongado de espera terminen por afectar irreparablemente las viviendas que no fueron dañadas directamente por el derrumbe.
«Ellos dijeron que tenían a voluntad de reconstruir y nada de eso sucedió», denunció Muñoz en relación a MAB Inversiones S.R.L., que aún no ha presentado un plan de reconstrucción formal. La empresa, sin embargo, está cubriendo el costo del alquiler para las familias damnificadas, lo que ha generado cierto alivio temporal. A pesar de este gesto, persiste una gran incertidumbre entre los vecinos respecto al futuro, especialmente si la causa judicial avanza en contra de los responsables.
En tanto, las familias afectadas insisten en que la intervención del Gobierno de la Ciudad es crucial para resolver esta situación. Aunque el Ejecutivo porteño proporcionó asistencia inicial a las víctimas, como ropa, medicamentos y beneficios impositivos, los damnificados sienten que el hecho ha sido tratado como un «conflicto entre privados», lo que agrava la asimetría de poder entre ellos y la empresa constructora. «De un día para otro dejar de tener tu casa es muy traumático, sobre todo con una situación ajena a nosotros», añadió Muñoz, resaltando el sufrimiento de los vecinos.
La situación de las familias, que hasta ahora se vieron forzadas a rehacer sus vidas en viviendas temporales, sigue siendo delicada. Las viviendas que no fueron destruidas por el colapso del PH siguen siendo habitables, pero necesitan refacciones, especialmente en el pasillo que conecta las unidades con la entrada principal del complejo. Sin embargo, las obras necesarias aún no han comenzado, y las familias siguen a la espera de una resolución definitiva que les permita regresar a sus hogares.
