La reciente destitución de miembros del Consejo de Administración del Hospital Garrahan por parte del ministro de Salud, Mario Lugones, desató una ola de incertidumbre y tensiones internas en el emblemático centro pediátrico, que enfrenta una creciente fuga de profesionales hacia el sector privado.
El Hospital Garrahan, reconocido como el principal referente en pediatría en el país, atraviesa un momento de alta conflictividad. Desde hace ocho semanas, los trabajadores del hospital han llevado a cabo una serie de medidas de fuerza, motivadas principalmente por la insatisfacción salarial. La situación se complica con la fuga de profesionales altamente capacitados hacia el sector privado, lo que repercute en la calidad de la atención a los pacientes. Este fenómeno se produce en medio de un aumento en la demanda de servicios en el hospital, que cuenta con aproximadamente 4,800 empleados.
El punto de quiebre llegó con la decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, de destituir a los integrantes del Consejo de Administración. Esta decisión se tomó tras la resolución del Consejo de otorgar un bono complementario de $500,000 a todo el personal, un pago que finalmente se concretó. Esta medida generó un desconcierto generalizado entre los trabajadores y los gremios que representan al personal del hospital.
El bono complementario no se financió a través del presupuesto anual, que es compartido entre la Nación y la Ciudad, sino que provino de un incremento del 433% en la facturación del hospital, gracias al recupero de prestaciones y servicios a obras sociales y prepagas, así como a provincias y otros países de la región. Con cerca de $10,000 millones facturados en los últimos meses, se consideraba viable el pago de este bono extraordinario, que demandaría alrededor de $2,400 millones, una fracción de los fondos recaudados.
Desde el seno del hospital, se destacó que este bono era especialmente significativo, ya que por primera vez incluía a residentes y becarios, quienes se encontraban rezagados respecto a sus pares de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La entrega del bono no solo aliviaba las dificultades económicas del personal, sino que también contribuía a reducir las tensiones internas. La decisión de Lugones, tomada un día después de asumir el cargo, ha dejado a muchos perplejos, especialmente porque, al mismo tiempo, se refrendó la decisión del Consejo de pagar el bono.
El Hospital Garrahan posee un ítem por recursos genuinos en los recibos de sueldo, que suma $200,000 al salario del personal, proveniente del mismo fondo que financia el bono adicional. Esta cantidad se había acordado en diálogo con representantes gremiales, y se pensó en su pago en un solo desembolso en lugar de en varios meses.
Las condiciones salariales han llevado a una situación crítica. A pesar de los esfuerzos de diálogo con la anterior gestión del Ministerio de Salud, los aumentos salariales enfrentaron la oposición del Ministerio de Economía, lo que limitó las soluciones a corto plazo. Así, el conflicto se agravó con la renuncia de 30 profesionales en los últimos seis meses, quienes optaron por mejores ofertas laborales en el sector privado, particularmente en la industria farmacéutica y en el extranjero.
Desde el Ministerio de Salud, se aclaró que las cifras de renuncias no muestran un aumento alarmante, al mencionar que el número de renuncias en el año 2024 se mantiene dentro de los promedios históricos. Sin embargo, la realidad dentro del hospital muestra un panorama diferente, donde la desmotivación y la falta de incentivos han provocado una pérdida de talento valioso.
La destitución del Consejo de Administración también ha generado críticas en el ámbito político. La diputada Marcela Campagnoli y la exdiputada Elisa Carrió denunciaron al ministro Lugones por abuso de poder, acusándolo de tomar decisiones arbitrarias con el fin de evitar que los reclamos salariales se expandan a otras áreas del Ministerio de Salud. Argumentan que la intervención del ministro obedece a una estrategia para amedrentar a las autoridades administrativas, lo que podría tener repercusiones negativas en la calidad del servicio prestado a los pacientes.
En este contexto, el hospital se enfrenta a la necesidad de reprogramar turnos y servicios, mientras que la comunidad médica se prepara para nuevas asambleas donde se discutirán medidas de protesta. Los trabajadores exigen un salario inicial de $1.5 millones, que refleje la canasta básica, además de un aumento en las tarifas de guardias y la eliminación del impuesto al salario. La situación se torna crítica, y los gremios advierten que, de continuar así, se avecina una «marea blanca» de protestas que podría afectar la atención en el hospital.
