La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro integrantes de una organización delictiva que hackeaba billeteras virtuales, transfiriendo más de 30 millones de pesos a otras cuentas.
La Policía de la Ciudad desarticuló una organización delictiva familiar que se dedicaba a hackear billeteras virtuales y transferir dinero a otras cuentas, perpetrando una estafa de más de 30 millones de pesos. Los cuatro acusados, todos miembros de la misma familia, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. El líder de la banda ya tenía antecedentes por delitos similares.
El ministro de Seguridad, Waldo Wolff, destacó el esfuerzo conjunto entre la fiscalía especializada y los oficiales de Cibercrimen, afirmando que «han logrado desbaratar una banda de estafadores, pero, además, lideran la labor en este tipo de delitos que, lamentablemente, es lo que se viene. Tenemos una fuerza de seguridad de vanguardia, tanto por su formación y capacitación como por el uso de tecnología que utilizan para combatir el delito».
En la sede del Departamento Central de la Policía de la Ciudad, se reunieron el Jefe de la Policía y Secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz; el Fiscal General del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino; el Fiscal a cargo de la Investigación de Ciberdelitos de Azul, Lucas Moyano; y el Superintendente de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, comisario general Carlos Gabriel Rojas. En esta reunión, Kravetz afirmó que “la Superintendencia de Cibercrimen cuenta con tecnología de punta y eso nos permite estar ayudando a la Justicia, en este caso a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para poder desbaratar estas bandas que delinquen con modalidades nuevas”.
En agosto del año pasado, un residente de Tandil denunció que le habían vulnerado su correo electrónico, logrando tomar control de varias aplicaciones de su celular, incluyendo una de inversiones. Los delincuentes transfirieron 30.000 dólares, que luego convirtieron a moneda nacional a través de la venta de dólar MEP, sumando 31 millones de pesos, que retiraron en efectivo en una sucursal bancaria de Buenos Aires. La víctima intentó recuperar el control de su cuenta, pero los delincuentes la hackearon nuevamente, comenzando a enviarle repartidores a su domicilio y a amenazarla por teléfono.
La Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos de Azul, bajo la dirección del Dr. Moyano, solicitó la intervención de la División Investigaciones Especiales de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Tras un análisis exhaustivo de las operaciones bancarias, se comprobó que los fondos robados fueron transferidos a cuentas de familiares y allegados de los delincuentes. Los investigadores también examinaron las direcciones IP y los impactos de las antenas telefónicas, determinando que los lugares de retiro de efectivo y las personas investigadas coincidían.
La Justicia ordenó cuatro allanamientos, dos de ellos en los barrios de San Telmo y Balvanera, y la detención de los cuatro implicados, incluyendo al principal investigado y dos mujeres de la familia. El principal imputado contaba con antecedentes por falsificación de documento privado, asociación ilícita, encubrimiento agravado, hurto, fraude y falsificación de moneda, cometidos entre 2002 y 2016.
En los allanamientos, las autoridades secuestraron 10 celulares, más de 700.000 pesos, más de 5.000 dólares, 9 notebooks, 19 tarjetas, 2 CPU y documentación relevante para la causa. Además, hallaron un revólver Smith and Wesson calibre 357 Magnum, lo que implicó una imputación adicional por tenencia ilegal de arma de guerra, solicitada por la Fiscalía Este de Flagrancia Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La desarticulación de esta banda familiar de ciberestafadores marca un significativo avance en la lucha contra el delito cibernético en Argentina. El trabajo coordinado entre la fiscalía especializada y las fuerzas de seguridad demuestra la efectividad de las nuevas tecnologías y la capacitación continua en la prevención y combate de delitos complejos. Este caso subraya la importancia de la cooperación interinstitucional y la adaptación constante a las nuevas modalidades delictivas que surgen en el ámbito digital.
